Reflexión
de Joseph E. Stiglitz
sobre el derecho de propiedad intelectual y sobre su posible y dramático
conflicto con otros derechos, como el derecho a la vida y el derecho al acceso
a recursos sanitarios en los países con menor capacidad económica. El sistema
de patentes –por ejemplo poseer la patente de los genes humanos o de cómo
diagnosticar una enfermedad- puede impedir el acceso a la curación por parte de
personas afectadas. El tema central es si debe permitirse ese tipo de propiedad
intelectual.
El
artículo nos ayuda a entender qué es la propiedad intelectual –y sus
consecuencias- sobre aspectos relacionados con la salud: genes, aplicaciones
terapéuticas, medicamentos.
Los
criterios con los que se analiza el problema no son solo morales –el derecho de
toda persona a poder acceder a la salud- sino de eficiencia y racionalidad : el
monopolio de determinados conocimientos impide el progreso en esos
conocimientos.
Vidas
‘versus’ beneficios
Un
sistema de patentes mal diseñado puede inhibir la investigación basada en
avances previos
Instituto
de investigación J Craig Venter en Rockville, Maryland. / Larry
Downing (Reuters)
La
Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a deliberar recientemente en un caso
que resalta una cuestión tremendamente problemática relacionada con los derechos
de propiedad intelectual. La Corte debe responder la siguiente pregunta: los
genes humanos —sus genes—, ¿pueden patentarse? Dicho de otro modo, ¿debe
permitirse esencialmente a alguien poseer el derecho, digamos, a evaluar si
usted tiene un conjunto de genes que implica una probabilidad mayor al 50% de
desarrollar cáncer de mama?
Para
quienes están fuera del arcano mundo de los derechos de propiedad intelectual,
la respuesta parece obvia: No. Usted es dueño de sus genes. Una empresa puede
poseer, como mucho, la propiedad intelectual subyacente a una prueba genética;
y, como la investigación y el desarrollo necesarios para diseñar la prueba
pueden haber costado cantidades considerables, la firma puede justamente cobrar
por administrarla.
Pero
una empresa con base en Utah, Myriad Genetics, reclama más que eso. Reclama los
derechos por todas las pruebas que evalúan la presencia de dos genes críticos
asociados con el cáncer de mama —y ha hecho valer ese derecho despiadadamente,
aun cuando su evaluación es inferior a otra, que la Universidad de Yale estaba
dispuesta a proporcionar con un coste mucho menor—. Las consecuencias han sido
trágicas: las pruebas rigurosas y asequibles que identifican pacientes de alto
riesgo salvan vidas. Limitar esas pruebas cuesta vidas. Myriad es un ejemplo de
una corporación estadounidense para la cual los beneficios están por encima de
todos los demás valores, incluido el de la propia vida humana.
Este
es un caso particularmente penoso. Normalmente los economistas hablan sobre las
disyuntivas: unos derechos de propiedad intelectual más débiles, se sostiene,
socavarían los incentivos a la innovación. La ironía aquí es que el
descubrimiento de Myriad se hubiese logrado de todas formas, debido a un
esfuerzo internacional con financiamiento público para decodificar el genoma
humano completo, que constituyó un logro extraordinario de la ciencia moderna.
Los beneficios sociales del descubrimiento apenas más temprano de Myriad han
sido eclipsados por los costes que impuso a través de su insensible búsqueda de
beneficios.
En
términos más amplios, hay un reconocimiento creciente de que el sistema de
patentes, según su diseño actual, no solo impone costes sociales inefables,
sino que además es incapaz de maximizar la innovación —como lo demuestran las
patentes genéticas de Myriad—. Después de todo, Myriad no inventó las
tecnologías utilizadas para analizar los genes. Si esas tecnologías hubiesen
sido patentadas, es posible que Myriad no hubiese efectuado sus
descubrimientos. Y su férreo control sobre el uso de sus patentes ha inhibido
el desarrollo por terceras partes de pruebas mejores y más precisas para
detectar la presencia del gen. La cuestión es simple: todas las investigaciones
se basan en investigaciones previas. Un sistema de patentes mal diseñado —como
el actual— puede inhibir la investigación basada en avances previos.
Por
eso no permitimos que se patenten los descubrimientos básicos en matemática. Y
por eso la investigación muestra que patentar los genes en realidad reduce la
producción del nuevo conocimiento sobre ellos: el insumo más importante en la
producción del nuevo conocimiento es el conocimiento anterior, y las patentes
impiden el acceso a él.
Afortunadamente,
lo que motiva los avances más significativos del conocimiento no son los
beneficios, sino la búsqueda del conocimiento en sí. Esto se ha verificado en
todos los descubrimientos e innovaciones transformadores: ADN, transistores,
láseres, Internet, etcétera.
Otro
caso legal estadounidense ha destacado uno de los mayores peligros del poder
monopólico impulsado por patentes: la corrupción. Con precios que exceden por
mucho el coste de la producción, pueden obtenerse, por ejemplo, enormes
beneficios a través de la persuasión de farmacias, hospitales o médicos para
que desplacen las ventas hacia los productos propios.
El
fiscal federal de EE UU para el Distrito Sur de Nueva York acusó recientemente
al gigante farmacéutico suizo Novartis de hacer exactamente eso al dar
sobornos, honorarios y otros beneficios ilegales a médicos —exactamente lo que
prometió no hacer cuando resolvió un caso similar tres años atrás—. De hecho,
Public Citizen, un grupo estadounidense para la protección de los consumidores,
ha calculado que tan solo en EE UU la industria farmacéutica ha pagado miles de
millones de dólares como resultado de fallos judiciales y acuerdos financieros
entre los fabricantes farmacéuticos y los gobiernos estatal y federales.
EE UU ha contribuido a endilgar su sistema al resto del
mundo a través de los acuerdos internacionales
Tristemente,
EE UU y otros países avanzados han presionado para instaurar regímenes de
propiedad intelectual más duros en todo el mundo. Esos regímenes limitarían el
acceso de los países pobres al conocimiento que necesitan para su desarrollo —y
les negarían drogas genéricas capaces de salvar vidas a cientos de millones de
personas que no pueden pagar los precios monopólicos de las empresas farmacéuticas—.
La
cuestión está llegando a un punto álgido en las negociaciones en curso de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuerdo sobre propiedad intelectual
de la OMC, llamado TRIPS, originalmente previó la extensión de “flexibilidades”
para los 48 países menos desarrollados, donde el ingreso anual promedio per
cápita se encuentra por debajo de los 800 dólares. El acuerdo original parece
sorprendentemente claro: la OMC extenderá esta “flexibilidades” ante la
solicitud de los países menos desarrollados. Si bien esos países han efectuado
la solicitud, EE UU y Europa se muestran vacilantes a la hora de cumplir.
Los
derechos de propiedad intelectual son reglas que nosotros creamos
—supuestamente para mejorar el bienestar social. Pero los regímenes
desequilibrados de propiedad intelectual dan como resultado ineficiencias
—incluidos beneficios monopólicos y la incapacidad de maximizar el uso del
conocimiento— que obstaculizan el avance de la innovación. Y, como lo demuestra
el caso Myriad, pueden incluso llevar a la pérdida innecesaria de vidas.
El
régimen de propiedad intelectual estadounidense —y el régimen que EE UU ha
contribuido a endilgarle al resto del mundo mediante el acuerdo TRIPS— está
desequilibrado. Esperemos que, con su decisión sobre el caso Myriad, la Corte
Suprema contribuya a la creación de un marco de trabajo más sensato y humano.
Joseph
E. Stiglitz recibió el premio Nobel de Economía. Se desempeña
como catedrático en la Universidad de Columbia.
Traducción
al español por Leopoldo Gurman.
©
Project Syndicate, 2013.
economia.elpais.com/economia/2013/05/10/actualidad/1368202042_332162.html
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